miércoles, 12 de septiembre de 2012

EL CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES

La panoplia de contratos que la legislación presta a las empresas no soluciona el problema de la alta tasa de temporalidad. La compleja maraña de contratos es un reflejo de una realidad productiva donde prevalecen los negocios estacionales y "empresas efimeras" que arrastran necesariamente a un gran porcentaje de los trabajadores hacia fórmulas de contratación temporales.

La solución al problema de la alta tasa de temporalidad no es ni eliminar los contratos temporales ni rebajar la indemnización de los contratos indefinidos.

El nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores por mucho que nos proclame su infinitud no deja de ser una modalidad más de contrato temporal pero en este caso flexible dado que no exigue que se alegue ninguna causas para celebrarlo.

La caducidad de estos contratos viene establecida por un periodo de prueba de un año de duración dentro del cual el empresario podrá desistir de la relación laboral sin necesidad de alegar causa alguna.

Estamos ante un contrato temporal desacausalizado y de libre desistimiento por el empresario por mucho que se quiera decir que es indefinido.

Cuestión inexplicable es porqué se a titulado como de apoyo a los emprendedores cuando este contrato puede celebrarse por cualquier empresario que cumpla el requisito de tener menos de cincuenta trabajadores.

lunes, 10 de septiembre de 2012

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA

El trabajo es un fenómeno social que se desarrolla dentro de organizaciones productivas en claro conflicto de intereses con los titulares o propietarios de éstas organizaciones.

Si el fin de las empresas es el lucro,  el de los trabajadores es la promoción y la mejora social a través de la actividad profesional. La oposición de intereses es evidente y, por tanto, el conflicto es inherente a la relación laboral.

Todas las relaciones de trabajo, consideradas colectivamente, implican un conflicto de intereses entre empresario y trabajador.

Una sociedad desarrollada y en paz necesita cauces que permitan el equilibrio de entre el los trabajadores  y las empresas. De esta forma, la participación y la representación de los trabajadores en  la empresa es el instrumento social que permite el dialogo entre empresa y trabajadores para solucionar las tensiones inherentes a todas las relaciones laborales.

El derecho a participar en la empresa no se reconoce a cada uno de los trabajadores, sino que es atribuido al conjunto de los trabajadores o, lo que es lo mismo, a los trabajadores de una empresa como clase abstracta que comparte los mismos intereses y objetivos.

Los trabajadores participan en la empresa y promocionan sus intereses a través de la actividad que desarrollan sus representantes. De esta forma, participación y representación son derechos que indisolublemente unidos en cuanto a su ejercicio.

El responsable de la gestión de Recursos Humanos de una empresa debe ser muy respetuoso y cauteloso en todo lo referido a la participación y actividad que desarrollen los representantes de los trabajadores y secciones sindicales, dada la especial trascendencia de éstos para el conjunto de los trabajadores e incidencia en el clima laboral.

viernes, 17 de agosto de 2012

CONVENIOS COLECTIVOS Y EL REPARTO DE LA RENTA

Cualquier cosa es susceptible de hacerse de muchas maneras y en función de la forma en que la hagamos el resultado siempre será distinto.

Uno de los problemas que aborda la economía es el del reparto de la renta o, lo que es lo mismo, como repartimos la renta que genera un país entre las personas que lo habitan. Cualquier decisión en la solución de este problema implica los valores de equidad y justicia.

Los convenios colectivos han sido un instrumento muy práctico para resolver el problema de la distribución de la renta sin violentar demasiado los principios de equidad y justicia.

El convenio colectivo es el resultado de la negociación a la que están obligados a acudir trabajadores y titulares de los capitales productivos con el fin de concertar condiciones de trabajo y retribuciones para todos los trabajadores y unidades productivas de un determinado ámbito productivo.

Las retribuciones mínimas se han venido estableciendo por sectores en función de las posibilidades objetivas de las empresas y de la capacidad para organizarse y presionar de los trabajadores.

Socavar el sistema de negociación colectiva solo conducirá a una mayor ineficiencia en la distribución de la renta de tal manera que ésta se concentrará, cada vez más, en unas pocas manos y la mayoría verá como disminuye.

La desigual concentración de la renta no solamente genera problemas de justicia y equidad sino que también empobrece a la sociedad en su conjunto porque resta capacidad de consumo a la mayoría y arruina el tejido de pequeñas y medianas empresas que encuentra su mercado en la gran mayoría de la población.

martes, 14 de agosto de 2012

LA NUEVA REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE MENORES

No hace demasiado tiempo el Estatuto de los Trabajadores empezó a recoger una serie de derechos dirigidos a ayudar a los trabajadores que necesitaran compatibilizar el cuidado de los hijos con el trabajo.

 Dentro de estos derechos el que más impacto ha tenido en la vida de las empresas es el derecho a la reducción de jornada por motivos de guarda legal   recogido en el artículo 37.5 y .6 del Estatuto.

 Este derecho, en la redacción anterior a la reforma de febrero de 2012, permitía a todos los trabajadores que tuviesen un menor o incapaz bajo su tutela reducir la jornada, con la consiguiente reducción de salario, entre un octavo y la mitad pudiendo optar por aplicar la reducción de horaria en la franja que eligieran.

La aplicación de este derecho no ha estado carente de conflicto dado que si la cuantía de la reducción ha sido pácifica la concrección de la misma ha producido muchos desencuentros originados en las distintas formas de interpretar quién y cuándo puede concretar en que momento de la jornada de trabajo se puede reducir la jornada.

El texto anterior a la reforma de febrero de 2012 decía que el derecho de concrección le correspondía al trabajador dentro de su "jornada ordinaria"  y en el término "ordinaria" cabían muchas lecturas que dependían de la situación familiar del trabajador de tal manera que, en determinadas circunstancias, un tribunal podía entender que cabía acumular la reducción en una sola jornada de trabajado de tal manera que el trabajador no acudiese a trabajar un día a la semana por ser el día en el que tenía más necesidad de disponibilidad para hacerse cargo de sus hijos.

La capacidad de interpretación que la norma confería a los jueces les permitía ajustar la norma a la situación personal de cada trabajador permitiendo una lectura de lo que es "jornada ordinaria" ajustada a la finalidad del derecho que era el de permitir una compatibilidad entre el trabajo y las obligaciones de cuidado de los hijos.

La reforma de febrero de 2012 le hace un regalo a las grandes empresas de este país cuando limita el derecho de concrección horaria acotando las posibilidades de determinación irregular de la reducción de jornada sustituyendo la expresión "jornada ordinaria" por el de "jornada diaria".

Esta modificación tiene como efecto, por ejemplo, que un trabajador que trabaja de sábados y domingos, al igual que el otro ascendiente de sus hijos, pueda solicitar reducción acumulada a los fines de semana para hacerse cargo de sus hijos cuando colegios y guarderías están cerradas y el otro padre también trabaja.

Pero no solamente se limita materialmente el derecho sino que se ponen las bases para que mediante la negociación colectiva se establezcan mecanismos de acceso al derecho en atención a la una mejor productividad de la empresa.

La reforma de febrero de 2012 limitar un derecho que venía siendo duramente criticado por las asociaciones patronales por las grandes implicaciones organizativas que tenía en especial en los sectores donde el empleo femenino es más significativo.

 

viernes, 3 de agosto de 2012

DESPIDO PROPORCIONADO

Las recientes reformas del Estatuto de los Trabajadores modifican uno de los temas centrales de la legislación laboral: el despido.

Parece que el legislador pretende cambiar el enfoque normativo de tal manera que pasamos de un modelo en el que la empresa tiene que cargar con la difícil tarea de acreditar la razonabilidad de la decisión de despido a otro en el que es al trabajador al que le corresponde convencer al juzgador de que el despido es una medida desproporcionado e irracional.

El nuevo enfoque se desarrolla sobre el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de tal manera que la mera alegación y acreditación de que se dan tres trimestres consecutivos de descensos de ingresos o ventas serviría para justificar el despido.

El legislador parece querer que la Jurisdicción Social se limite a corroborar si la contabilidad de la empresa  acredita el descenso de ingresos alegado en la carta de despido, sin ponderar otras cuestiones con incidencia en el desarrollo productivo que servirían para determinar la situación real de la empresa.

A pesar del esfuerzo del legislador por apartar a los jueces de lo social del conocimiento de la situación económico-productiva real de la empresa que despide, estos están obligados a valorar todas las circunstancias con incidencia económica a la hora de decidir sobre la procedencia o improcedencia del despido.

Para que el despido sea calificado como procedente, no es suficiente que la empresa acredite un descenso continuado en sus ventas o ingresos sino que deberá acreditar la razonabilidad de la decisión en el sentido de que la medida más adecuada a la situación alegada es el despido.

El cambio legislativo no puede eliminar la incertidumbres para las empresas que puedan probar que se ha producido descenso en sus ventas o ingresos en cuanto al resultado de un procedimiento por despido dado que el Ordenamiento Jurídico exige que se acredite la razonabilidad y proporcionalidad del despido y esto exigue que el juez de instancia decida observando todas las circunstancias relacionadas con la situación económica de la empresa y no sólo aquellas que quedan plasmadas en su contabilidad.




miércoles, 1 de agosto de 2012

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

Las recientes reformas legislativas en materia laboral a pesar de que han debilitado la posición de los trabajadores frente al despido no eliminan las incertidumbres que un procedimiento judicial por despido tiene para las empresas.

Actualmente la modalidad de despido más utilizado por las empresas es la del despido objetivo por causas económicas.

La empresa puede despedir a cualquier trabajador siguiendo un sencillo procedimiento que implica lo siguiente:

1. Notificar la decisión de despedir por escrito alegando la causa económica, técnica, organizativa y de producción que hace necesario el despido.

2. Preavisar con quince días de antelación a la fecha de efecto del despido o poner a disposición del trabajador el equivalente a quince días de salario.

3. Poner con la carta de despido a disposición del trabajador una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de antiguedad.

Los defectos de forma pueden suponer que el despido se califique como improcedente y que el empresario tenga que pagar la indemnización máxima.